Examen resuelto de Nociones Jurídicas Básicas
UNED Junio 2021 (Reserva), Acceso mayores de 25.

Por qué es la respuesta correcta:En las sociedades primitivas la herencia no tenía un contenido patrimonial como el actual: heredar significaba, sobre todo, suceder al difunto en su posición dentro del grupo familiar (la jefatura de la familia, con su autoridad sobre los demás miembros) y, al mismo tiempo, suceder en el culto doméstico a los antepasados y a los dioses familiares, que era una función religiosa inseparable de la jefatura. Por eso ambas dimensiones —la jefatura familiar y las ceremonias y cultos a los dioses— se dan a la vez en el origen de la institución hereditaria.

Por qué es la respuesta correcta:El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que integran un ordenamiento (la ley, la costumbre, etc.). El derecho subjetivo, en cambio, es la facultad o poder que ese ordenamiento reconoce a un sujeto concreto para exigir algo de otro (frente a una persona) o para actuar sobre una cosa (sobre una cosa), como una manifestación individualizada del derecho objetivo. El derecho real es solo una especie de derecho subjetivo (el que recae sobre una cosa con eficacia erga omnes), por lo que la respuesta genérica correcta es derecho subjetivo.

Por qué es la respuesta correcta:La costumbre jurídica nace de la reiteración uniforme, constante y prolongada de una conducta por parte del conjunto social, unida a la convicción de que dicha conducta resulta jurídicamente obligatoria (opinio iuris). A diferencia de la ley (obra del poder legislativo) o el reglamento (obra del poder ejecutivo), su creador no es un órgano del Estado sino la propia sociedad.

Por qué es la respuesta correcta:La interpretación privada es la que llevan a cabo particulares sin investidura de autoridad pública: juristas, profesores, y también los abogados cuando asesoran a sus clientes o defienden sus intereses en el proceso. Se opone a la interpretación pública o auténtica, realizada por órganos del Estado (legislador, jueces, notarios en el ejercicio de sus funciones), que sí tiene efectos vinculantes frente a terceros. El asesoramiento del abogado, aunque profesional y cualificado, carece de esa investidura oficial, por lo que se clasifica como interpretación privada.

Por qué es la respuesta correcta:En Derecho penal rige el principio de legalidad y su corolario, la prohibición de analogía in malam partem: no cabe aplicar una norma penal a un supuesto no previsto expresamente por ella para fundamentar o agravar la responsabilidad penal, porque ello vulneraría la garantía de tipicidad y la seguridad jurídica del ciudadano. La interpretación extensiva, en cambio, sí es admisible dentro de ciertos límites, pues se mueve dentro del sentido posible del propio precepto sin crear una norma nueva por semejanza, que es lo característico de la analogía.

Por qué es la respuesta correcta:Hans Kelsen, en su Teoría pura del Derecho, formuló la concepción del ordenamiento jurídico como un sistema jerárquico y escalonado de normas (la célebre 'pirámide normativa' o Stufenbau), en el que cada norma inferior encuentra su fundamento de validez en una norma superior, hasta llegar a la norma fundamental (Grundnorm). Esta es precisamente la idea de unidad del ordenamiento regida por un principio de jerarquía que describe el enunciado.

Por qué es la respuesta correcta:La capacidad jurídica (aptitud para ser titular de derechos y obligaciones) la tiene toda persona por el mero hecho de serlo y no admite graduación ni limitación. La capacidad de obrar, en cambio, es la aptitud para ejercer por sí mismo esos derechos y celebrar actos jurídicos válidos y eficaces, y sí admite grados y limitaciones (por edad, por resolución judicial que establezca medidas de apoyo, etc.). Por eso las situaciones de incapacidad o de limitación de capacidad se refieren siempre a la capacidad de obrar, nunca a la capacidad jurídica.

Por qué es la respuesta correcta:En el régimen económico matrimonial de gananciales, los bienes privativos son los que pertenecen en exclusiva a cada cónyuge, entre ellos los adquiridos a título gratuito (por herencia, legado o donación) durante el matrimonio, ya que no derivan del esfuerzo o trabajo común. Los bienes parafernales son una categoría propia del régimen de dote (hoy en desuso en el Código Civil español) referida a los bienes de la mujer no aportados como dote. El ajuar doméstico es el conjunto de bienes muebles de uso ordinario de la familia, una categoría distinta que no se define por su origen sino por su función.

Por qué es la respuesta correcta:La servidumbre es un derecho real sobre cosa ajena (ius in re aliena): otorga a su titular (el predio dominante) un poder directo e inmediato sobre el bien gravado (el predio sirviente), oponible frente a cualquiera que ostente la titularidad de este último, con independencia de quién sea su propietario en cada momento. Esta eficacia erga omnes es precisamente lo que distingue a los derechos reales de los derechos personales u obligacionales, que solo vinculan a las partes concretas de la relación (deudor y acreedor).

Por qué es la respuesta correcta:El mandato es un contrato por el cual una persona (el mandatario) se obliga a prestar un servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra (el mandante). La gestión que el mandatario lleva a cabo se realiza siempre en interés y por cuenta del mandante, que es quien encarga el asunto y a cuyo patrimonio y esfera jurídica se destinan los efectos de la gestión (sin perjuicio de que el mandato pueda ser retribuido a favor del mandatario). Puede existir mandato en interés de un tercero como estipulación accesoria, pero la regla general y definitoria del contrato es que favorece al mandante.

Respuesta modelo (nivel para aprobar):El concepto de fuente del Derecho hace referencia a los distintos modos u orígenes de donde surgen las normas jurídicas que integran un ordenamiento. Tradicionalmente se distingue entre fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Las fuentes de producción son los órganos, poderes o sujetos con capacidad reconocida por el propio ordenamiento para crear normas jurídicas: fundamentalmente el poder legislativo (que crea la ley), el poder ejecutivo (que crea reglamentos), y la propia sociedad (que crea la costumbre mediante su reiteración uniforme y la convicción de su obligatoriedad, la llamada opinio iuris). Las fuentes de conocimiento, en cambio, son los cauces o medios a través de los cuales esas normas, ya creadas, se dan a conocer a sus destinatarios; el ejemplo por excelencia es el Boletín Oficial del Estado, donde se publican las leyes para que puedan entrar en vigor y ser exigibles. El artículo 1 del Código Civil español establece cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, aplicándose por este orden de prelación (la costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, y los principios generales se aplican en defecto de ley y costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento). A estas fuentes clásicas hay que añadir hoy la jurisprudencia, que sin ser fuente del derecho en sentido estricto según el Código Civil, complementa el ordenamiento jurídico mediante la doctrina que, de modo reiterado, establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. También cabe distinguir las fuentes según su origen: fuentes estatales (las de derecho interno) y fuentes supranacionales, especialmente relevantes en el marco de la Unión Europea, cuyos tratados, reglamentos y directivas también integran y condicionan el ordenamiento jurídico español.

Respuesta modelo (nivel para aprobar):En la relación obligatoria, el objeto de la obligación es la prestación, es decir, la conducta concreta que el deudor debe realizar a favor del acreedor para satisfacer su interés. Esa prestación puede consistir en dar (entregar una cosa), hacer (realizar una actividad o servicio) o no hacer (abstenerse de realizar algo), y de ahí la clasificación clásica de las obligaciones en obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Para que la prestación sea válida y la obligación pueda existir jurídicamente, el Derecho civil exige que reúna una serie de requisitos. En primer lugar, la prestación debe ser posible, tanto física como jurídicamente: no puede ser objeto de obligación válida algo que resulte imposible de cumplir, porque el Derecho no puede imponer una conducta irrealizable (por ejemplo, sería nula la obligación de entregar una cosa ya destruida en el momento de contraer la obligación). En segundo lugar, debe ser lícita, esto es, no puede consistir en algo contrario a la ley, la moral o el orden público; una prestación ilícita (como comprometerse a cometer un delito) no genera una obligación jurídicamente exigible. En tercer lugar, la prestación debe estar determinada o ser determinable: las partes deben conocer, o poder llegar a conocer mediante criterios objetivos previstos en el propio contrato, en qué consiste exactamente lo que se debe, sin que quede al arbitrio unilateral de una de ellas fijar su contenido. Junto a estos tres requisitos clásicos, la doctrina suele añadir que la prestación debe tener un contenido patrimonial o, cuando menos, ser susceptible de valoración económica, para que en caso de incumplimiento pueda dar lugar a una indemnización de daños y perjuicios. La falta de cualquiera de estos requisitos (imposibilidad, ilicitud o indeterminación absoluta) determina la nulidad de la obligación por carecer de un objeto válido.