Examen resuelto de Nociones Jurídicas Básicas
UNED Febrero 2024, Acceso mayores de 25.

Por qué es la respuesta correcta:Concebir la ley simplemente como aquello que ha sido votado y aprobado por el Parlamento conforme al procedimiento establecido, sin exigir además que su contenido respete unos mínimos de justicia material, es característico del positivismo jurídico: para esta corriente, la validez de la ley depende únicamente de su origen formal (haber sido dictada por el órgano competente siguiendo el procedimiento correspondiente), no de su contenido justo o injusto. El iusnaturalismo, en cambio, exigiría además esa conformidad con el derecho natural o con contenidos mínimos de justicia para reconocer plena juridicidad a la norma.

Por qué es la respuesta correcta:La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a diferencia de la jurisprudencia ordinaria del Tribunal Supremo (que complementa el ordenamiento conforme al artículo 1.6 del Código Civil), tiene una relevancia normativa aún mayor: sus sentencias en materia de inconstitucionalidad tienen efectos generales (erga omnes) y pueden expulsar leyes del ordenamiento jurídico, y su doctrina sobre la interpretación de la Constitución vincula a todos los jueces y tribunales. Por esta capacidad de conformar directamente el ordenamiento y vincular a todos los poderes públicos, se considera una fuente de derecho de primer orden, y no limitada únicamente a los recursos de amparo, sino extendida a todos los procedimientos constitucionales que resuelve (recurso y cuestión de inconstitucionalidad, conflictos de competencia, etc.).

Por qué es la respuesta correcta:Atendiendo al resultado al que llega el intérprete respecto del alcance literal de la norma, la doctrina distingue entre interpretación declarativa (cuando el sentido literal coincide con el espíritu de la norma), interpretación extensiva (cuando se amplía el alcance de la norma más allá de su tenor literal estricto) e interpretación restrictiva (cuando se reduce ese alcance). Las categorías 'simple y compleja' o 'sintética y analítica' no constituyen la clasificación técnica reconocida para esta distinción por resultado.

Por qué es la respuesta correcta:El movimiento codificador europeo de los siglos XVIII y XIX (que dio lugar a códigos como el Código Civil francés de 1804 o el español de 1889) se inspiró directamente en la tradición del Derecho romano sistematizado y compilado, cuyo antecedente histórico fundamental es precisamente la gran compilación justinianea del Corpus Iuris Civilis. Esta vocación de sistematización racional y ordenada del Derecho en un cuerpo legal único enlaza con esa tradición compiladora romana, y se opone tanto al Derecho casuístico y problemático (más propio del Derecho romano clásico previo a la compilación, o del common law) como al sistema jurisprudencial abierto del common law.

Por qué es la respuesta correcta:El artículo 149.3 de la Constitución española establece que las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía, y que el Derecho estatal será, en todo caso, supletorio del Derecho de las Comunidades Autónomas. Este mecanismo de reparto competencial residual, y la regla de aplicación en defecto de norma autonómica, responde al principio de supletoriedad, distinto tanto del principio de subsidiariedad (propio del reparto competencial entre la Unión Europea y los Estados miembros) como del principio de solidaridad interterritorial.

Por qué es la respuesta correcta:Como se ha explicado, el Digesto recoge la célebre definición de Celso transmitida por Ulpiano: 'ius est ars boni et aequi', el Derecho como 'el arte de lo bueno y de lo justo'. Esta concepción entiende el Derecho como una actividad práctica orientada a la justicia, no simplemente como un orden legal vigente en cada momento histórico ni como un mero conjunto abstracto de principios ordenadores.

Por qué es la respuesta correcta:Conforme al artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, sin necesidad de acto interno de transposición, a diferencia de la directiva, que sí requiere ese acto de transposición nacional para obligar en cuanto al resultado perseguido.

Por qué es la respuesta correcta:Como ya se explicó, el Derecho público comprende tanto las relaciones entre entes públicos entre sí como las relaciones entre un ente público y los particulares, siempre que aquel actúe revestido de su posición de supremacía o imperio en el ejercicio de potestades públicas, sin quedar limitado exclusivamente a un único tipo de relación.

Por qué es la respuesta correcta:Reiterando lo ya explicado, la interpretación auténtica es la que realiza el propio órgano autor de la norma interpretada, distinguiéndose de la interpretación cautelar (notarios y registradores) y de la interpretación judicial (jueces y tribunales, incluido el Tribunal Supremo).

Por qué es la respuesta correcta:El artículo 2.1 del Código Civil establece la regla general de veinte días de vacatio legis desde la completa publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado, mientras la propia norma no disponga expresamente otro plazo distinto. Se trata, por tanto, de una regla supletoria y no de una regla absoluta sin excepción, y el cómputo se realiza desde la publicación en el BOE, no desde la aprobación por el Consejo de Ministros (que ni siquiera es el órgano que aprueba las leyes, sino los reglamentos).

Respuesta modelo (nivel para aprobar):Los principios generales del Derecho son aquellas ideas o valores fundamentales que informan el ordenamiento jurídico en su conjunto y que se extraen, por vía de inducción, de las normas positivas vigentes, de la tradición jurídica y de la propia naturaleza de las instituciones (por ejemplo, el principio de buena fe, el de que nadie puede beneficiarse de su propio dolo, o el de proporcionalidad). El artículo 1.4 del Código Civil español les reconoce una doble función: por un lado, actúan como fuente subsidiaria de tercer grado, aplicándose únicamente en defecto de ley y de costumbre aplicables al caso; por otro lado, y con independencia de esa aplicación directa, cumplen una función informadora permanente de todo el ordenamiento jurídico, inspirando el sentido y la interpretación de las demás normas. En la actualidad, sin embargo, el papel de los principios generales del Derecho ha experimentado una notable revalorización respecto de la concepción decimonónica que los relegaba a un papel meramente residual y subordinado a la ley escrita. Por un lado, la propia Constitución de 1978 incorpora auténticos principios de valor jurídico directo (los valores superiores del artículo 1.1, los principios rectores de la política social y económica del Capítulo III del Título I, o principios generales como el de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, seguridad jurídica y responsabilidad de los poderes públicos, recogidos en el artículo 9.3 CE), que condicionan y limitan al propio legislador ordinario. Por otro lado, en el ámbito del Derecho de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia ha construido buena parte de su jurisprudencia sobre la base de principios generales (proporcionalidad, confianza legítima, no discriminación, tutela judicial efectiva, y el respeto de los derechos fundamentales), aplicándolos con un peso normativo muy superior al que tradicionalmente tenían en los ordenamientos internos. En definitiva, lejos de haber perdido vigencia, los principios generales del Derecho ocupan hoy un lugar central tanto en el Derecho constitucional interno como en el Derecho comunitario europeo, complementando y limitando a la propia ley positiva.

Respuesta modelo (nivel para aprobar):La interpretación del Derecho puede clasificarse atendiendo a distintos criterios. Según el sujeto que la realiza, se distingue entre interpretación auténtica, la que lleva a cabo el propio autor de la norma (por ejemplo, mediante una ley interpretativa posterior); interpretación judicial, la que realizan los jueces y tribunales al aplicar la norma a un caso concreto, vinculante para las partes del proceso y, cuando procede del Tribunal Supremo de forma reiterada, complementaria del ordenamiento conforme al artículo 1.6 del Código Civil; interpretación doctrinal, la que efectúan los juristas y estudiosos del Derecho en sus obras científicas, careciendo de fuerza vinculante pero con notable influencia orientadora; interpretación cautelar, la realizada por notarios y registradores en el ejercicio de su función pública de garantía preventiva de la seguridad jurídica; y interpretación privada, la que llevan a cabo particulares sin investidura de autoridad, como los abogados al asesorar a sus clientes. Según los medios o criterios empleados, el artículo 3.1 del Código Civil enumera el criterio literal o gramatical (el sentido propio de las palabras), el criterio sistemático (el contexto de la norma dentro del conjunto del ordenamiento), el criterio histórico (los antecedentes históricos y legislativos), el criterio sociológico (la realidad social del tiempo en que la norma ha de aplicarse) y el criterio teleológico (el espíritu y finalidad de la norma, al que la propia disposición ordena atender fundamentalmente). Por último, según el resultado alcanzado respecto del tenor literal, se distingue entre interpretación declarativa (cuando coincide el sentido literal con el espíritu de la norma), interpretación extensiva (cuando se amplía el alcance más allá de la letra estricta, por entender que el espíritu de la norma abarca también supuestos no comprendidos expresamente en ella) e interpretación restrictiva (cuando, a la inversa, se reduce el alcance aparente del texto para ajustarlo a su verdadera finalidad). Esta pluralidad de clasificaciones refleja la complejidad de la labor interpretativa, que combina el respeto al texto legal con la necesidad de adaptarlo razonablemente a cada caso concreto.