Examen resuelto de Nociones Jurídicas Básicas
UNED Febrero 2023, Acceso mayores de 25.

Por qué es la respuesta correcta:La tradición historiográfica y jurídica identifica de forma clásica tres grandes pilares fundacionales de la civilización occidental: la filosofía griega (como fuente del pensamiento racional y la reflexión ética y política), la religión judeo-cristiana (como fuente de la concepción de la dignidad de la persona y de valores morales compartidos) y el Derecho romano (como fuente de las categorías, instituciones y técnicas jurídicas que perviven hasta hoy). La democracia liberal, el Estado de Derecho y la Declaración Universal de 1948 son desarrollos históricos posteriores y más recientes, no los fundamentos originarios de la civilización occidental.

Por qué es la respuesta correcta:Como se ha explicado, el common law es el ejemplo paradigmático de sistema jurídico abierto, construido sobre la base de los precedentes judiciales en constante desarrollo y transformación, frente a la vocación de plenitud y cierre de los sistemas codificados de tradición continental.

Por qué es la respuesta correcta:El Digesto recoge, a través de Ulpiano, la célebre definición del jurista Celso: 'ius est ars boni et aequi', es decir, el Derecho es 'el arte de lo bueno y de lo justo'. Esta concepción, de honda raíz filosófica, entiende el Derecho como una actividad práctica orientada a realizar la justicia y la bondad en las relaciones humanas, y no simplemente como un conjunto de normas vigentes o un sistema abstracto de reglas ordenadoras.

Por qué es la respuesta correcta:El Derecho público no se limita a las relaciones exclusivamente entre entes públicos entre sí, sino que también comprende las relaciones entre un ente público y los particulares, siempre que ese ente público actúe revestido de su posición de supremacía o imperio propia del ejercicio de potestades públicas (por ejemplo, en el ejercicio de la potestad sancionadora o tributaria). Cuando un ente público actúa despojado de esas prerrogativas, en un plano de igualdad con el particular (por ejemplo, al alquilar un local como cualquier propietario), la relación puede regirse por el Derecho privado.

Por qué es la respuesta correcta:Las fuentes de producción del Derecho son, por definición, los sujetos u órganos a los que el ordenamiento reconoce capacidad para crear normas jurídicas (el poder legislativo, el poder ejecutivo, la sociedad a través de la costumbre). Se distinguen de las fuentes de conocimiento, que son los cauces de publicidad de esas normas ya creadas (como el BOE). 'Fuentes de innovación' no es una categoría técnica reconocida en esta clasificación.

Por qué es la respuesta correcta:Las instituciones de la Unión Europea (Parlamento Europeo, Consejo, Comisión) tienen atribuida por los Tratados constitutivos una auténtica capacidad normativa propia para dictar reglamentos, directivas y decisiones que se integran e imponen dentro de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. No son, por tanto, fuentes 'accidentales' ni meros cauces de conocimiento, sino auténticas fuentes de producción del Derecho de la Unión.

Por qué es la respuesta correcta:Como se ha reiterado, la Constitución española de 1978 tiene valor normativo directo e inmediato: sus preceptos son de aplicación directa por todos los poderes públicos y los tribunales, sin que sea necesario, con carácter general, un desarrollo legislativo posterior para que produzcan efectos jurídicos vinculantes, lo que constituye precisamente su consideración como fuente del Derecho en sentido pleno y no meramente programático.

Por qué es la respuesta correcta:El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido de forma reiterada, desde su jurisprudencia clásica, que el respeto de los derechos fundamentales forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión Europea, cuya observancia garantiza el propio Tribunal, inspirándose en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y en los tratados internacionales de derechos humanos. Con el Tratado de Lisboa, además, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea adquirió el mismo valor jurídico que los Tratados. Es, por tanto, un principio de observancia inexcusable, no una cuestión sujeta a aprobación puntual del Parlamento Europeo.

Por qué es la respuesta correcta:El método teleológico de interpretación (del griego telos, fin) es precisamente el que atiende a la finalidad o propósito perseguido por la norma, esto es, a su espíritu, para determinar su correcto alcance y aplicación. Es uno de los criterios recogidos en el artículo 3.1 del Código Civil, que ordena atender fundamentalmente al espíritu y finalidad de las normas, y se distingue del método literal (que atiende al sentido de las palabras) y de un pretendido 'método valorativo' que no constituye una categoría técnica autónoma en esta clasificación.

Por qué es la respuesta correcta:Aplicar el Derecho no es un proceso mecánico ni automático de mera subsunción silogística sin margen de valoración, sino un proceso complejo que exige, de forma ineludible, interpretar previamente la norma (determinar su sentido y alcance) y calificar jurídicamente los hechos del caso concreto antes de poder extraer la consecuencia jurídica correspondiente. Esta complejidad es inherente a la propia naturaleza del lenguaje normativo y a la diversidad de los supuestos de la vida real que el legislador no puede prever con total exactitud.

Respuesta modelo (nivel para aprobar):Un sistema jurídico cerrado, propio de la tradición romano-germánica o civil law a la que pertenece España, aspira a la codificación sistemática y exhaustiva del Derecho mediante textos legales escritos con vocación de plenitud, de manera que la ley pretenda prever de antemano, en la medida de lo posible, la generalidad de las situaciones jurídicamente relevantes. En este modelo, la labor del juez se concibe primordialmente como una función de aplicación e interpretación de una ley preexistente, y no como una función creadora autónoma de Derecho, sin perjuicio de que la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo complemente de hecho el ordenamiento (art. 1.6 del Código Civil). Un sistema jurídico abierto, en cambio, propio de la familia del common law (Inglaterra, Estados Unidos y otros países de tradición anglosajona), se construye fundamentalmente a partir de las decisiones judiciales concretas o precedentes, que van conformando y transformando el Derecho de manera casuística, sin la codificación sistemática característica del modelo continental; su elemento normativo central es la doctrina del precedente vinculante (stare decisis), en virtud de la cual los tribunales quedan obligados por las decisiones anteriores de tribunales de rango superior en casos sustancialmente análogos. Frente a la idea de un Derecho ya completo y sistematizado propia del sistema cerrado, el sistema abierto concibe el Derecho como una realidad dinámica y en permanente reconstrucción a través de la experiencia acumulada caso a caso. En la actualidad, sin embargo, ambos modelos tienden a converger de forma parcial: los ordenamientos de common law incorporan cada vez más legislación escrita (statutes), mientras que los sistemas de civil law reconocen un peso creciente y de facto vinculante a la jurisprudencia de sus tribunales superiores, atenuando así la rigidez de la distinción clásica entre ambos modelos.

Respuesta modelo (nivel para aprobar):La Constitución española de 1978 ocupa la posición suprema en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español por una doble razón. En primer lugar, es la norma jurídica de mayor rango jerárquico: todas las demás normas del ordenamiento (leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos-leyes, reglamentos, Estatutos de Autonomía) derivan de ella su validez, no pudiendo contradecir sus disposiciones bajo pena de ser declaradas inconstitucionales y expulsadas del ordenamiento por el Tribunal Constitucional a través del recurso o la cuestión de inconstitucionalidad. En segundo lugar, y a diferencia de las constituciones históricas españolas anteriores, de carácter esencialmente programático, la Constitución de 1978 goza de valor normativo directo e inmediato: sus preceptos vinculan a todos los ciudadanos y a los poderes públicos (art. 9.1 CE) y son de aplicación directa por los tribunales ordinarios, sin necesidad, con carácter general, de que una ley posterior los desarrolle para producir efectos jurídicos plenos; los derechos fundamentales que reconoce pueden invocarse directamente ante los jueces y tribunales, contando además con la garantía reforzada del recurso de amparo constitucional. La Constitución cumple, además, una función de norma normarum o fuente de fuentes: es ella la que atribuye a los distintos poderes y órganos del Estado (Cortes Generales, Gobierno, Comunidades Autónomas) su respectiva potestad normativa, determinando el procedimiento de elaboración y el rango jerárquico de las normas que cada uno de ellos puede dictar. Por todo ello, la Constitución no es simplemente una fuente más entre las enumeradas en el artículo 1 del Código Civil, sino la fuente suprema que condiciona la validez, el contenido y la interpretación de todo el resto del ordenamiento jurídico español, debiendo interpretarse además todas las normas conforme a ella (principio de interpretación conforme a la Constitución).